COMENTARIO Convenio de Vergara

COMENTARIO DE TEXTO “EL CONVENIO DE VERGARA”

Art. 1. El capitán general D. Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.

Art. 2 Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del Ejército del teniente general D. Rafael Maroto..... defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas de fuego.

Cuartel de Vergara, 31 de Agosto de 1839.

Rafael Maroto

Se trata de un documento de fuente primaria, redactado y firmado de común acuerdo por los generales Espartero (liberal), y Maroto, jefe de las tropas carlistas en el País vasco-navarro. Los autores del convenio por tanto son ambos generales, y su destinatario sería los dos bandos contendientes de esta guerra civil. Tiene un carácter público, y su temática es político-militar.

El texto nos presenta una serie de fragmentos del Convenio de Vergara, que posibilitaba la rendición de las armas por las tropas carlistas bajo ciertas condiciones. La idea fundamental es el acuerdo de paz firmado por liberales y carlistas. Las condiciones para el cese de las actividades bélicas se concretan en 10 artículos, 2 de ellos incluidos en el texto, que muestran tras su lectura un afán conciliatorio.

En el artículo 1 se incluye una ambigua promesa de mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros. Espartero, al comprometerse a “proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros”, actuaba con notable independencia, ya que sabía que primetía algo que era de la exclusiva competencia de las Cortes.

En el artículo 2 se reconoce por parte de los isabelinos los empleos, grados y condecoraciones de oficiales que habían servido en el bando carlista, para así permitir su reinserción en el Ejército regular español.

En este acuerdo como hemos visto predominó la búsqueda de reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los derrotados carlistas en el nuevo sistema político liberal. El entendimiento solo fue posible tras el triunfo de las tesis de los carlistas más moderados, dirigidos por el general Maroto, favorables al pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. Por su parte, los carlistas más extremistas creían en el establecimiento de un gobierno absolutista y se negaron a aceptar cualquier salida pacífica al conflicto. Fue el propio Maroto quien inició las negociaciones sin el consentimiento del pretendiente al trono, don Carlos, e incluso ordenó la detención y posterior fusilamiento de varios generales conservadores carlistas, acusándoles de traición.

Tras el fracaso de la Expedición Real en 1837, el regreso de un ejército no vencido, pero tampoco vencedor, a unas provincias ya cansadas y exhaustas acelera el fin. Las conversaciones secretas de Maroto con Espartero culminaron en el Convenio de Vergara, que preparó el fin de la contienda. El general liberal se comprometía a interceder en Madrid por los fueros, mientras que los pactistas de Maroto, con sus pagas y ascensos asegurados, reconocían a Isabel II como reina.

La pacificación del País Vasco y Navarra permitió a los ejércitos carlistas concluir la guerra en 1840 con el sometimiento de Cataluña y el Maestrazgo, donde el general Ramón Cabrera continuaba resistiendo y se negaba a cumplir el acuerdo de paz. No obstante la guerra civil concluyó con la victoria de las tropas liberales tras la caída de Morella, último fortín de Cabrera, y con la huida de don Carlos a Francia.

El Convenio de Vergara incluía una ambigua promesa de mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros. Sin embargo, poco después, en 1841, se aprobaron varias leyes según las cuales Navarra perdía sus aduanas, exenciones fiscales y militares, y sus instituciones propias de autogobierno, como las Cortes. Pero a cambio, los navarros consiguieron un sistema fiscal muy beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de reducida cuantía, a la Hacienda estatal.

En 1841, las 3 provincias vascas también fueron privadas de privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No obstante, la población vasca conservó su exclusión, privilegiada y excepcional, del servicio militar obligatorio.

Algunos años después, en 1846, se produjo un nuevo recorte de los fueros vascos con la introducción de los “conciertos económicos”, por los cuales se calculaba la contribución anual de los vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad total era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las 3 diputaciones forales vascas y el gobierno estatal. Este modelo fiscal resultó bastante ventajoso para la población vasca.

COMENTARIO MAPA 1ª GUERRA CARLISTA.

Nos encontramos ante un mapa de la Península Ibérica y Baleares, correspondiente a los hechos ocurridos durante la 1ª guerra carlista durante los años 1833-1840. Se trata de una fuente secundaria y su temática es claramente militar.

En el mapa podemos observar la presencia de varios colores y símbolos. El color violeta nos indica las zonas del país de mayor intensidad del carlismo, el tono rosado hace referencia a las áreas de cierta influencia carlista, mientras que finalmente el color amarillo representa los territorios liberales. También observamos flechas de dos colores que hincapié en las dos expediciones protagonizadas por las tropas carlistas: en color rojo la del general Gómez, y en tono azul la del propio don Carlos. Por último, en círculos amarillos y azules se nos muestran las principales ciudades liberales y carlistas respectivamente, al igual que con otro símbolo azul aparecen los dos asedios carlistas más importantes.

Este mapa nos muetra como las zonas con mayor presencia carlista se dan en el norte del país básicamente, y muy especialmente en los territorios de Navarra, País Vasco, Maestrazgo y norte de Cataluña. Por el contrario, en centro y sur de España y Baleares fueron de mayoría liberal durante toda la guerra, salvo algunas áreas muy concretas de Sierra Morena y norte de Extremadura, donde el carlismo arraigó algo. Los motivos de esta distribución geográfica obedece a los diferentes apoyos sociales y territoriales que cada uno de los bandos en guerra tuvo durante el conflicto civil. Así, los carlistas fueron ayudados por campesinos, pequeña nobleza y clero regular y rural del norte de España, al igual que artesanos de la meseta norte. Todos estos grupos sociales estaban disconformes por diferentes motivos con el liberalismo, al sentir que perdían parte de sus privilegios y status socio-económico. A esto hay que unir el hecho de que el liberalismo con su pretensión uniformizadora y centralista suponía un ataque frontal a las costumbres, tradiciones y fueros que, sobre todo, en el País Vasco y Navarra se mantenían vigentes.

En el bando liberal se contaba con el apoyo de los grandes beneficiarios de la legislación liberal: la burguesía comercial, industrial y financiera, los obreros urbanos, las altas jerarquías eclesiásticas y la alta nobleza, junto con la mayor parte del ejército. Estos grupos sociales eran eminentemente urbanos, por lo que casi todas las ciudades importantes del país, incluidas las de las zonas carlistas sublevadas, fueron fieles al liberalismo. Así se puede contemplar en el mapa como ciudades vasconavarras como Vitoria, San Sebastián, Pamplona y Bilbao siempre se mantuvieron liberales, e incluso estas dos últimas sufrieron asedios carlistas feroces, en especial el sitio de Bilbao. También Huesca en Aragón y Barcelona en Cataluña consiguieron mantenerse fieles al bando gubernamental a pesar de estar rodeadas de territorio hostil.

Al comenzar la guerra civil en 1833, los carlistas se hicieron fuertes especialmente en el País Vasco y Navarra. Allí, la presencia del general Zumalacárregui permitió la formación de un verdadero ejército a partir de grupos guerrilleros, consiguiendo dominar casi todo el territorio vasconavarro aunque sin poder conquistar las principales ciudades. Precisamente en el asedio a Bilbao el general Zumalacárregui murió en 1835, lo que conllevó la pérdida del mejor estratega dentro del bando carlista.

Entramos a partir de 1835 en una segunda fase, la de las Expediciones carlistas, en las que se intenta extender la insurrección a otras zonas del país. Así, en 1836, el general carlista Gómez partiendo desde el País Vasco recorre gran parte del país intentando sublevar con escaso éxito regiones como Galicia y el cantábrico, ambas Castillas , Andalucía y Extremadura, para finalmente regresar a su cuartel en Vizcaya. Por otro lado un año más tarde será el propio pretendiente Carlos VI el que intentará entrar en Madrid al mando de otro ejército tras atravesar Navarra y Aragón. Sin embargo no contó con los apoyos esperados y regresó meses después a Estella.

Desde que el general Espartero venciera a los carlistas en 1836 en Luchana y levantara el asedio de Bilbao, la guerra entra en una nueva fase más favorable a los liberales. Los fracasos de las Expediciones Reales, el cansacio y hastío por la guerra de los habitantes vasco navarros y la eficaz dirección de las tropas isabelinas por Espartero provocó la división dentro de los carlistas entre dos grupo: los partidarios de continuar la guerra hasta el fin, con don Carlos como abanderado, y los que pretendían poner fin a la guerra tras un acuerdo con condiciones; este último grupo estaba dirigido por el general Maroto. Finalmente esta tendencia se impuso entre los carlistas y en 1839 los generales Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara que pone fin a la 1ª guerra carlista en el territorio vasco-navarro. Todavía deberá de pasar un año para que los focos catalán y del Maestrazgo fueran dominados por los liberales, en especial por la feroz defensa que el general Cabrera protagonizó en su feudo de Morella, capital del Maestrazgo. Finalmente en 1840 se toma Morella y Cabrera y don Carlos abandonan el país rumbo al exilio en Francia.

 

COMENTARIO DE CONSTITUCIÓN DE 1845.

EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1845

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (…) hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución.

Art.2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837.

Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.

Art.14. El número de senadores es ilimitado; su nombramiento pertenece al Rey.

Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores (…), Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales (…) Embajadores (…). Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía.

Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde (…) nombrar y separar libremente a los ministros.

Constitución de 1845

1. Se trata de un extracto de la Constitución de 1845, es una fuente primaria, de temática jurídica, redactada por las Cortes junto con la reina, es de carácter público y su destinatario es la nación.

2. En este extracto de la Constitución de 1845 se nos revela el carácter conservador que tuvo esta Carta Magna. Así, su redacción corresponde a la reina y las Cortes (preámbulo), se resalta el carácter confesional del estado (art. 11), se establece un Senado o Cámara Alta formado exclusivamente por altas personalidades, y con unos niveles de renta elevados (art. 15), nombrados por el rey (art. 14) y no elegidos por los ciudadanos. Por otro lado, se le reconoce a la monarquía además de la prerrogativa antes mencionada, la de elegir y destituir a los ministros del estado (art. 45). Por último, los artículos 2, 4, 5 ,7, 9, 12 y 13 son idénticos a los de la Constitución de 1837, más progresista que la actual, y en los que se recogía los derechos individuales de los ciudadanos.

3. La Constitución de 1845 fue redactada durante la Década moderada (1844-1854), por un gobierno y unas Cortes moderadas, presidido por el general Narváez. Esta Constitución fue de las más duraderas del constitucionalismo español (hasta 1869). Este texto expresaba el ideario político del moderantismo; la Corona tiene amplios poderes, como la designación de senadores, el derecho de veto, la iniciativa legislativa y el cese y designación de los ministros. El sufragio censitario es más restrictivo y el Senado es vitalicio, además se endurecen las condiciones para ser candidato y el mandato de los diputados se alarga a 5 años. Además, la Ley Electoral de 1846 estableció un sufragio tan restringido que apenas permitía participar al 1% de la población en las elecciones al Congreso de los diputados. Igualmente el reconocimiento del catolicismo como religión oficial, y la obligación del Estado al sostenimiento del culto y clero a través de los presupuestos nos demuestran el carácter conservador de esta Constitución. Aunque conservase ciertas dosis de progresismo en los artículos referidos a los derechos individuales reconocidos por la anterior constitución, sin embargo, se establece que estos derechos y libertades serán regulados por leyes posteriores que, en muchos casos, los recortan. Recoge el texto, como vemos, la ideología del liberalismo doctrinario (defensor de la Soberanía Compartida, la restricción de los derechos individuales y el sufragio censitario muy restringido), haciendo de ella una constitución partidista, conculcando el principio de que la norma suprema del Estado debe ser válida para toda la nación.

COMENTARIO DEL MANIFIESTO DE MANZANARES

Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación.

Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854. El general en jefe del Ejército constitucional, Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena

1. Nos encontramos ante un fragmento del Manifiesto de Manzanares; es un documento de fuente primaria y de contenido político, en tanto que es un manifiesto que invita a una revolución política. Los autores son el general O'Donnell, quien lo firma, pero lo redactó Cánovas del Castillo, entonces joven abogado del partido moderado, pero del sector puritano del partido. O'Donnell era un prestigioso militar que desde los sectores más liberales del partido moderado criticaba los desmanes autoritarios en los que habían caído los sucesivos gobiernos moderados. Este general había liderado un levantamiento millitar para cambiar el gobierno moderado. Tras el triunfo de la revolución, será apartado del poder por los sectores progresistas hasta que en 1856 consiga el poder fundando un nuevo partido, la Unión Liberal, de carácter centrista. Cánovas del Castillo será con el tiempo el gran líder del partido conservador y el principal artífice de la Restauración borbónica en 1874. El documento es de carácter público y está dirigido a toda la nación con el objetivo de que se levante en armas y apoye la sublevación militar.
2. En el extracto del manifiesto nos encontramos con un programa de gobierno bastante ambiguo que constituye el ideario de los sublevados: mantenimiento del trono, reformas políticas (electoral, imprenta, disminución de impuestos), descentralización de la política local y restitución de la Milicia Nacional.
3. Como se puede observar en el contenido del Manifiesto, los revolucionarios no piden derrocar el sistema monárquico ni a la reina, cosa que sí había pasado en otros países europeos, sino que solicitan acabar con la corrupción de las camarillas que actuando como grupos de presión cerca de  la reina, habían defendido intereses de banqueros y políticos corruptos. Sobre las reformas políticas, como la electoral y la de la imprenta, defienden una ampliación de libertades y derechos que desde los gobiernos moderados de Narváez y Bravo Murillo se habían ido limitando hasta constituir un gobierno autoritario. También reclaman la reducción de los impuestos que tanto daño hacían a las clases populares al gravar los principales artículos de consumo que adquirían. Concede al partido progresista una tradicional reivindicación suya, como era la restauración de la Millicia Nacional, siempre proclive a favorecer los movimientos insurreccionales en apoyo a los progresistas y a defender el liberalismo, y a la que los gobiernos moderados habían suprimido al comienzo de la Década moderada. Finalmente su petición anticentralista pretende que los entes locales tengan autonomía propia a través de la elección popular de sus miembros y puedan liberarse del excesivo control que imponía el gobierno central. El contexto histórico en el que se sitúa el texto hay que relacionarlo con los últimos gobiernos autoritarios del partido moderado y la llegada al poder del general Espartero en 1854. Los gobiernos moderados desde 1852 se caracterizaron por su autoritarismo, su corrupción, su debilidad política y el enfrentamiento con los liberales en general. Esta situación va a provocar una doble conspiración, una militar dirigida por O'Donnell y los elementos más liberales del moderantismo, y otra civil planificada por los progresistas y demócratas. En junio de 1854 se subleva O'Donnell y se enfrenta en la batalla de Vicálvaro a las tropas gubernamentales, enfrentamiento de resultado incierto y que supone un momento de indecisión en el movimiento revolucionario. Por eso se reunieron los conspiradores en Manzanares para redactar Cánovas el Manifiesto que pretendía extender la revolución a los sectores progresistas. Esta rebelión se fue produciendo en los días siguientes, extendiéndose a ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, de forma que a finales de julio de 1854 la reina Isabel II tuvo que llamar para formar gobierno al General progresista Espartero, iniciándose el bienio progresista (1854-56) de su reinado. Así pues, un levantamiento que empezó siendo dirigido por políticos y militares acabó siendo protagonizado en las calles por las clases populares organizadas por los progresistas que acabaron obteniendo el poder.