sábado, 9 de junio de 2012

Mapa desamortización de Madoz

desamortización de Madoz

Nos encontramos ante un mapa de España  dividido en provincias, dibujándose en cada una de ellas un círculo con diferentes tamaños y colores. Estos círculos representan el valor total de las fincas desamortizadas a partir de 1855 en millones de reales. Cuanto mayor es el tamaño de los círculos y más oscuro el color, mayor es la cantidad de dinero que se obtuvo tras la enajenación de los bienes afectados por la desamortización de Madoz. El valor mayor se da en la provincia de Sevilla, con más de 50 millones de reales, seguida de las de Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Madrid, entre 40 y 50 millones. En el otro extremo se sitúan Vizcaya y Guipúzcoa, donde no se desamortizó ninguna finca, seguida de Pontevedra, Cantabria, Soria y Almería, con menos de 1 millón de reales vendidos. Se trata de una fuente secundaria de clara temática económica.
 Como vemos en el mapa, la desamortización de Madoz  alcanzó mayor valor en las regiones donde dominaba la gran propiedad, es decir, en la mitad sur. Aquí, a las propiedades de las congregaciones religiosas y los ayuntamientos, se sumaron las de las Órdenes Militares (Calatrava, Alcántara, Santiago, etc.) ahora disueltas, propietarias de grandes latifundios en la submeseta sur y Andalucía. En el norte, por el contrario, las propiedades eran pequeñas, por eso su valor fue menor. El resultado de esta venta llevó a la consolidación del tipo de propiedad preexistente, es decir, allí donde las propiedades ya eran pequeñas, se consolidó esta forma y muchos cultivadores pudieron agrandar sus propiedades, al adquirirlas si eran arrendatarios. Pero en el centro y sur, la gran propiedad siguió siendo la forma característica; allí, el alto valor de las fincas en venta, solo permitió comprar a los grandes propietarios y la alta burguesía, más interesada en adquirir un bien seguro y de prestigio (seguía relacionándose la propiedad de la tierra con la nobleza) que en invertir en las tierras adquiridas para hacer de ellas una empresa productiva.

 En mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, también progresista y amigo de Mendizábal, publicó su Ley de Desamortización General. Se llamaba general porque se ponían a la venta todos los bienes de propiedad colectiva: 
  • Los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior.
  •  Los de los pueblos.
El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal. Sin embargo, había dos diferencias claras:
  • una se refería al destino del dinero obtenido: fue dedicado a la expansión del ferrocarril.
  • La otra diferencia estaba en la propiedad de dicho dinero: el Estado no era el propietario, sino los ayuntamientos. Aquél percibía el importe de las ventas en nombre de estos y lo transformaría en bonos del Estado.
En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiada, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho más elevada que en la anterior de Mendizábal, cosa que ocurrió sobre todo con los bienes desamortizados en el norte de España, creándose una clase media propietaria de tierras, mientras que en el centro y sur del país ésto no tuvo lugar.

El proceso de desamortizaciones no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos, porque no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado, aunque a medio y largo plazo sí contribuyó a aumentar el volumen general del la producción agrícola.

En el centro y sur peninsular esta desamortización de Madoz consolidó la tendencia anterior en cuanto a la aparición de un proletariado agrícola, más de 2 millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a las duras condiciones de vida y trabajo estacional.
Apenas varió la situación desequilibrada de predominio del latifundismo en el centro y sur peninsular y el minifundismo en áreas del norte y noreste.
La enajenación de propiedades municipales trajo consigo el empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado del uso y disfrute de los antiguos bienes del ayuntamiento.

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