COMENTARIO
DE TEXTO “EL CONVENIO DE VERGARA”
Art. 1. El capitán general D.
Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento
de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la
concesión o modificación de los fueros.
Art.
2 Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los
generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del Ejército
del teniente general D. Rafael Maroto..... defendiendo la Constitución
de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien
de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas de
fuego.
Cuartel de Vergara, 31
de Agosto de 1839.
Rafael Maroto
Se trata de un documento de fuente primaria,
redactado y firmado de común acuerdo por los generales Espartero
(liberal), y Maroto, jefe de las tropas carlistas en el País
vasco-navarro. Los autores del convenio por tanto son ambos generales, y
su destinatario sería los dos bandos contendientes de esta guerra
civil. Tiene un carácter público, y su temática es político-militar.
El texto
nos presenta una serie de fragmentos del Convenio de Vergara, que
posibilitaba la rendición de las armas por las tropas carlistas bajo
ciertas condiciones. La idea fundamental es el acuerdo de paz firmado
por liberales y carlistas. Las condiciones para el cese de las
actividades bélicas se concretan en 10 artículos, 2 de ellos incluidos
en el texto, que muestran tras su lectura un afán conciliatorio.
En el artículo 1 se incluye una ambigua promesa
de mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros.
Espartero, al comprometerse a “proponer a las Cortes la concesión o
modificación de los fueros”, actuaba con notable independencia, ya
que sabía que primetía algo que era de la exclusiva competencia de las
Cortes.
En el artículo 2 se reconoce
por parte de los isabelinos los empleos, grados y condecoraciones de
oficiales que habían servido en el bando carlista, para así permitir su reinserción
en el Ejército regular español.
En este acuerdo como hemos visto predominó la
búsqueda de reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a
los derrotados carlistas en el nuevo sistema político liberal. El
entendimiento solo fue posible tras el triunfo de las tesis de los
carlistas más moderados, dirigidos por el general Maroto,
favorables al pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los
fueros. Por su parte, los carlistas más extremistas creían en el
establecimiento de un gobierno absolutista y se negaron a aceptar
cualquier salida pacífica al conflicto. Fue el propio Maroto quien
inició las negociaciones sin el consentimiento del pretendiente al
trono, don Carlos, e incluso ordenó la detención y posterior
fusilamiento de varios generales conservadores carlistas, acusándoles de
traición.
Tras el fracaso de la
Expedición Real en 1837, el regreso de un ejército no vencido, pero
tampoco vencedor, a unas provincias ya cansadas y exhaustas acelera el
fin. Las conversaciones secretas de Maroto con Espartero culminaron en
el Convenio de Vergara, que preparó el fin de la contienda. El general
liberal se comprometía a interceder en Madrid por los fueros, mientras
que los pactistas de Maroto, con sus pagas y ascensos asegurados,
reconocían a Isabel II como reina.
La
pacificación del País Vasco y Navarra permitió a los ejércitos carlistas
concluir la guerra en 1840 con el sometimiento de Cataluña y el
Maestrazgo, donde el general Ramón Cabrera continuaba resistiendo
y se negaba a cumplir el acuerdo de paz. No obstante la guerra civil
concluyó con la victoria de las tropas liberales tras la caída de Morella,
último fortín de Cabrera, y con la huida de don Carlos a Francia.
El Convenio de Vergara incluía una ambigua promesa de
mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros. Sin
embargo, poco después, en 1841, se aprobaron varias leyes según
las cuales Navarra perdía sus aduanas, exenciones fiscales y
militares, y sus instituciones propias de autogobierno, como las Cortes.
Pero a cambio, los navarros consiguieron un sistema fiscal muy
beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual,
de reducida cuantía, a la Hacienda estatal.
En 1841, las 3 provincias vascas también fueron
privadas de privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No
obstante, la población vasca conservó su exclusión, privilegiada y
excepcional, del servicio militar obligatorio.
Algunos años después, en 1846, se produjo un
nuevo recorte de los fueros vascos con la introducción de los “conciertos
económicos”, por los cuales se calculaba la contribución anual de
los vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad total era
fijada, de manera pactada, entre los representantes de las 3
diputaciones forales vascas y el gobierno estatal. Este modelo fiscal
resultó bastante ventajoso para la población vasca.
COMENTARIO MAPA 1ª GUERRA
CARLISTA.
Nos encontramos ante un
mapa de la Península Ibérica y Baleares, correspondiente a los
hechos ocurridos durante la 1ª guerra carlista durante los años 1833-1840.
Se trata de una fuente secundaria y su temática es claramente
militar.
En el mapa podemos
observar la presencia de varios colores y símbolos. El color violeta nos
indica las zonas del país de mayor intensidad del carlismo, el tono
rosado hace referencia a las áreas de cierta influencia carlista,
mientras que finalmente el color amarillo representa los territorios
liberales. También observamos flechas de dos colores que hincapié en las
dos expediciones protagonizadas por las tropas carlistas: en color rojo
la del general Gómez, y en tono azul la del propio don Carlos. Por
último, en círculos amarillos y azules se nos muestran las principales
ciudades liberales y carlistas respectivamente, al igual que con otro
símbolo azul aparecen los dos asedios carlistas más importantes.
Este mapa nos muetra como
las zonas con mayor presencia carlista se dan en el norte del país
básicamente, y muy especialmente en los territorios de Navarra, País
Vasco, Maestrazgo y norte de Cataluña. Por el contrario, en centro
y sur de España y Baleares fueron de mayoría liberal durante toda
la guerra, salvo algunas áreas muy concretas de Sierra Morena y norte de
Extremadura, donde el carlismo arraigó algo. Los motivos de esta
distribución geográfica obedece a los diferentes apoyos sociales y
territoriales que cada uno de los bandos en guerra tuvo durante el
conflicto civil. Así, los carlistas fueron ayudados por campesinos,
pequeña nobleza y clero regular y rural del norte de España, al
igual que artesanos de la meseta norte. Todos estos grupos
sociales estaban disconformes por diferentes motivos con el liberalismo,
al sentir que perdían parte de sus privilegios y status
socio-económico. A esto hay que unir el hecho de que el liberalismo con
su pretensión uniformizadora y centralista suponía un ataque frontal a
las costumbres, tradiciones y fueros que, sobre todo, en el País
Vasco y Navarra se mantenían vigentes.
En el bando liberal se
contaba con el apoyo de los grandes beneficiarios de la legislación
liberal: la burguesía comercial, industrial y financiera, los obreros
urbanos, las altas jerarquías eclesiásticas y la alta nobleza, junto
con la mayor parte del ejército. Estos grupos sociales eran
eminentemente urbanos, por lo que casi todas las ciudades
importantes del país, incluidas las de las zonas carlistas sublevadas,
fueron fieles al liberalismo. Así se puede contemplar en el mapa como
ciudades vasconavarras como Vitoria, San Sebastián, Pamplona y Bilbao
siempre se mantuvieron liberales, e incluso estas dos últimas sufrieron
asedios carlistas feroces, en especial el sitio de Bilbao. También
Huesca en Aragón y Barcelona en Cataluña consiguieron mantenerse fieles
al bando gubernamental a pesar de estar rodeadas de territorio hostil.
Al comenzar la guerra
civil en 1833, los carlistas se hicieron fuertes especialmente en el
País Vasco y Navarra. Allí, la presencia del general Zumalacárregui permitió
la formación de un verdadero ejército a partir de grupos guerrilleros,
consiguiendo dominar casi todo el territorio vasconavarro aunque sin
poder conquistar las principales ciudades. Precisamente en el asedio a
Bilbao el general Zumalacárregui murió en 1835, lo que conllevó la
pérdida del mejor estratega dentro del bando carlista.
Entramos a partir de 1835
en una segunda fase, la de las Expediciones carlistas, en las
que se intenta extender la insurrección a otras zonas del país. Así, en
1836, el general carlista Gómez partiendo desde el País Vasco
recorre gran parte del país intentando sublevar con escaso éxito
regiones como Galicia y el cantábrico, ambas Castillas , Andalucía y
Extremadura, para finalmente regresar a su cuartel en Vizcaya. Por otro
lado un año más tarde será el propio pretendiente Carlos VI el
que intentará entrar en Madrid al mando de otro ejército tras atravesar
Navarra y Aragón. Sin embargo no contó con los apoyos esperados y
regresó meses después a Estella.
Desde que el general Espartero venciera a
los carlistas en 1836 en Luchana y levantara el asedio de
Bilbao, la guerra entra en una nueva fase más favorable a los liberales.
Los fracasos de las Expediciones Reales, el cansacio y hastío por la
guerra de los habitantes vasco navarros y la eficaz dirección de las
tropas isabelinas por Espartero provocó la división dentro de los
carlistas entre dos grupo: los partidarios de continuar la guerra hasta
el fin, con don Carlos como abanderado, y los que pretendían poner fin a
la guerra tras un acuerdo con condiciones; este último grupo estaba
dirigido por el general Maroto. Finalmente esta tendencia se impuso
entre los carlistas y en 1839 los generales Espartero y Maroto
firmaron el Convenio de Vergara que pone fin a la 1ª guerra
carlista en el territorio vasco-navarro. Todavía deberá de pasar un año
para que los focos catalán y del Maestrazgo fueran dominados por los
liberales, en especial por la feroz defensa que el general Cabrera protagonizó
en su feudo de Morella, capital del Maestrazgo. Finalmente en 1840 se
toma Morella y Cabrera y don Carlos abandonan el país rumbo al exilio en
Francia.
COMENTARIO DE
CONSTITUCIÓN DE 1845.
EXTRACTO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1845
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la
Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (…) hemos
venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en
decretar y sancionar la siguiente Constitución.
Art.2, 4, 5, 7, 9,
12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837.
Art.11. La religión
de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se
obliga a mantener el culto y sus ministros.
Art.14.
El número de senadores es ilimitado; su nombramiento pertenece al Rey.
Art.15. Sólo podrán
ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años
cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de
los Cuerpos Colegisladores (…), Ministros de la Corona, Consejeros de
Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales (…)
Embajadores (…). Los comprendidos en las categorías anteriores deberán
además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes
propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía.
Art.45.
Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le
corresponde (…) nombrar y separar libremente a los ministros.
Constitución de 1845
Se trata de un extracto de la
Constitución de 1845, es una fuente primaria, de temática jurídica,
redactada por las Cortes junto con la reina, es de carácter público
y su destinatario es la nación.
En este extracto de la Constitución de
1845 se nos revela el carácter conservador que tuvo esta Carta
Magna. Así, su redacción corresponde a la reina y las Cortes
(preámbulo), se resalta el carácter confesional del estado (art.
11), se establece un Senado o Cámara Alta formado exclusivamente
por altas personalidades, y con unos niveles de renta elevados (art.
15), nombrados por el rey (art. 14) y no elegidos por los ciudadanos.
Por otro lado, se le reconoce a la monarquía además de la prerrogativa
antes mencionada, la de elegir y destituir a los ministros del
estado (art. 45). Por último, los artículos 2, 4, 5 ,7, 9, 12 y 13 son
idénticos a los de la Constitución de 1837, más progresista que la
actual, y en los que se recogía los derechos individuales de los
ciudadanos.
La Constitución de 1845 fue redactada
durante la Década moderada (1844-1854), por un gobierno y unas Cortes
moderadas, presidido por el general Narváez. Esta Constitución fue de
las más duraderas del constitucionalismo español (hasta 1869). Este
texto expresaba el ideario político del moderantismo; la Corona
tiene amplios poderes, como la designación de senadores, el derecho de
veto, la iniciativa legislativa y el cese y designación de los
ministros. El sufragio
censitario es más restrictivo y el Senado es vitalicio, además
se endurecen las condiciones para ser candidato y el mandato de los
diputados se alarga a 5 años. Además, la Ley Electoral de 1846
estableció un sufragio tan restringido que apenas permitía
participar al 1% de la población en las elecciones al Congreso de los
diputados. Igualmente el reconocimiento del catolicismo como religión oficial, y la obligación del
Estado al sostenimiento del culto y clero a través de los
presupuestos nos demuestran el carácter conservador de esta
Constitución. Aunque conservase ciertas dosis de
progresismo en los artículos referidos a los derechos individuales
reconocidos por la anterior constitución, sin embargo, se establece que
estos derechos y libertades serán regulados por leyes posteriores que,
en muchos casos, los recortan. Recoge el texto, como vemos, la ideología
del liberalismo doctrinario (defensor de la Soberanía Compartida, la restricción de
los derechos individuales y el sufragio censitario muy restringido),
haciendo de ella una constitución partidista, conculcando el
principio de que la norma suprema del Estado debe ser válida para toda
la nación.
COMENTARIO DEL MANIFIESTO DE
MANZANARES
Nosotros queremos la conservación del trono,
pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de
las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de
imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta
economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la
antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la
centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria
para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de
todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia
Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin
imponerlos por eso a la nación.
Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio
de 1854. El general en jefe del Ejército constitucional, Leopoldo
O'Donnell, conde de Lucena
Nos encontramos
ante un fragmento del Manifiesto de Manzanares; es un documento de fuente
primaria y de contenido político, en tanto que es un
manifiesto que invita a una revolución política. Los autores son el
general O'Donnell, quien lo firma, pero lo redactó Cánovas del
Castillo, entonces joven abogado del partido moderado, pero del
sector puritano del partido. O'Donnell era un prestigioso militar que
desde los sectores más liberales del partido moderado criticaba los
desmanes autoritarios en los que habían caído los sucesivos gobiernos
moderados. Este general había liderado un levantamiento millitar para
cambiar el gobierno moderado. Tras el triunfo de la revolución, será
apartado del poder por los sectores progresistas hasta que en 1856
consiga el poder fundando un nuevo partido, la Unión Liberal, de
carácter centrista. Cánovas del Castillo será con el tiempo el gran
líder del partido conservador y el principal artífice de la Restauración
borbónica en 1874. El documento es de carácter público y está
dirigido a toda la nación con el objetivo de que se levante en
armas y apoye la sublevación militar.
En el extracto del
manifiesto nos encontramos con un programa de gobierno bastante ambiguo
que constituye el ideario de los sublevados: mantenimiento del
trono, reformas políticas (electoral, imprenta, disminución de
impuestos), descentralización de la política local y restitución de la
Milicia Nacional.
Como se puede
observar en el contenido del Manifiesto, los revolucionarios no piden
derrocar el sistema monárquico ni a la reina, cosa que sí había pasado
en otros países europeos, sino que solicitan acabar con la corrupción
de las camarillas que actuando como grupos de presión cerca de la
reina, habían defendido intereses de banqueros y políticos corruptos.
Sobre las reformas políticas, como la electoral y la de la imprenta,
defienden una ampliación de libertades y derechos que desde los
gobiernos moderados de Narváez y Bravo Murillo se habían ido limitando
hasta constituir un gobierno autoritario. También reclaman la reducción
de los impuestos que tanto daño hacían a las clases populares al
gravar los principales artículos de consumo que adquirían. Concede al
partido progresista una tradicional reivindicación suya, como era la restauración
de la Millicia Nacional, siempre proclive a favorecer los
movimientos insurreccionales en apoyo a los progresistas y a defender el
liberalismo, y a la que los gobiernos moderados habían suprimido al
comienzo de la Década moderada. Finalmente su petición
anticentralista pretende que los entes locales tengan autonomía
propia a través de la elección popular de sus miembros y puedan
liberarse del excesivo control que imponía el gobierno central. El contexto
histórico en el que se sitúa el texto hay que relacionarlo con los
últimos gobiernos autoritarios del partido moderado y la llegada al
poder del general Espartero en 1854. Los gobiernos moderados desde 1852
se caracterizaron por su autoritarismo, su corrupción, su debilidad
política y el enfrentamiento con los liberales en general. Esta
situación va a provocar una doble conspiración, una militar
dirigida por O'Donnell y los elementos más liberales del moderantismo, y
otra civil planificada por los progresistas y demócratas. En junio de
1854 se subleva O'Donnell y se enfrenta en la batalla de Vicálvaro a
las tropas gubernamentales, enfrentamiento de resultado incierto y que
supone un momento de indecisión en el movimiento revolucionario. Por eso
se reunieron los conspiradores en Manzanares para redactar
Cánovas el Manifiesto que pretendía extender la revolución a los
sectores progresistas. Esta rebelión se fue produciendo en los días
siguientes, extendiéndose a ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia,
de forma que a finales de julio de 1854 la reina Isabel II tuvo que
llamar para formar gobierno al General progresista Espartero,
iniciándose el bienio progresista (1854-56) de su reinado. Así pues, un
levantamiento que empezó siendo dirigido por políticos y militares acabó
siendo protagonizado en las calles por las clases populares organizadas
por los progresistas que acabaron obteniendo el poder.
