discurso Manuel Azaña problema religioso

“Yo (…) me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema,

hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político

consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e

histórica del pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame

problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia

personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre

el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es

ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad,

porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las

conciencias (…), excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a

la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata

simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de

establecer (…)”.

            Discurso de Manuel AZAÑA en el Congreso de los Diputados en 1931.

1. El texto es un fragmento de un discurso de Manuel de Azaña en el Congreso de los Diputados en el año 1931, y forma parte de los debates que precedieron a la redacción de la Constitución de la 2ª República.

Es una fuente histórica primaria y de temática política. Es de carácter público y va dirigido en primer lugar a los diputados en Cortes y en un segundo término a toda la nación.

El autor Manuel Azaña nació en 1880 en Alcalá de Henares, y murió en 1940 en Francia. Fue un político y escritor español que desempeñó los cargos de Presidente del gobierno en dos ocasiones (1931 y 1936), y Presidente de la República desde 1936 hasta 1939. Opuesto a la dictadura de Primo de Rivera, participó en el Pacto de San Sebastián que debía acabar con la monarquía Alfonsina. Tras la proclamación de la Segunda República comenzó su etapa política de mayor relevancia, siendo el político más importante de este período histórico.

2. Azaña niega la existencia de un problema religioso en España, ya que el Estado para él debe ser laico y aconfesional (tal y como se recogerá después en el articulado de la Constitución), y evitar así la tutela de las conciencias. Lo religioso debe pertenecer al ámbito de la conciencia personal y no es por tanto una cuestión política o asumible por el Estado. Los temas ultraterrenos no competen al Estado.

3. Esta separación Iglesia-Estado que se produce por segunda vez (la 1ª fue durante la

 I República) en nuestra historia fue muy mal acogida por la Iglesia que no aceptaba la laicidad de nuestra estructura política y la pérdida de influencia social que traía aparejada. Por ello el estamento eclesiástico será  uno de los principales opositores al nuevo régimen republicano, movilizando a la opinión católica en su contra.

En la Constitución de 1931 se recogerá en su articulado la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, la supresión del presupuesto de culto y clero y se permitirá el divorcio y el matrimonio civil. También se prohibía ejercer la enseñanza, la industria y el comercio a las congregaciones religiosas, y se suprimía la Compañía de Jesús procediéndose a incautarse el Estado de sus inmuebles.

La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución de 1931 provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno provisional, con Miguel Maura y Alcalá Zamora a la cabeza. Amplios sectores de la Iglesia y de la sociedad interpretaron estas medidas como una provocación y agresión a la religión católica. La mayor parte de la jerarquía eclesiástica se mostrará contraria al régimen republicano.

La cuestión religiosa fue tratada sin tacto y contribuyó a radicalizar a los españoles que, en su mayoría, eran católicos. La implantación del Estado laico fracasó no siendo entendida la libertad religiosa como una más de las libertades. Por consiguiente, las clases más conservadoras de la sociedad española se declararon enemigas de la libertad religiosa y de la República.

A pesar de todo esto, la República se propuso limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad española y secularizar la vida social por encima de todo y costase lo que costase. Contaba para ello con el fuerte anticlericalismo que las clases populares de la sociedad manifestaban y que ocasionalmente se materializaba en la quema de edificios religiosos y del patrimonio artístico católico.